En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos parece fundamental profundizar en una problemática que está invisibilizada, pero que ocurre de forma sistemática: la violencia contra las mujeres indígenas en Colombia.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el territorio colombiano existen 115 comunidades indígenas, de las cuales 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural. Por otro lado, de acuerdo al censo del DANE de 2018, el 79% de las comunidades indígenas habitan en zonas rurales y representan el 4,4% de la población con 1.905.617 personas, de las cuales el 51% son mujeres.
Históricamente, los pueblos indígenas han sido víctimas de una violencia estructural que tuvo comienzo en la época de la Colonia con la ocupación y destrucción de sus territorios sagrados, la cual se ha recrudecido con el auge del conflicto armado interno y la llegada de las empresas multinacionales que buscan la extracción y explotación de los recursos naturales.
Es así que, la violencia contra las mujeres indígenas se ha dado de forma diferencial y desproporcionada en razón de su etnia, género y condición social, lo que ha conllevado a que deban enfrentar diversas y sucesivas formas de discriminación histórica, así como violaciones de Derechos Humanos en todos los aspectos cotidianos de la vida.
Según las cifras de la Unidad para las Víctimas en el 2021, 264.578 mujeres indígenas fueron reconocidas como víctimas en el marco del conflicto armado.
Las secuelas de la Colonización
Como lo señala Valero (2016) la colonización va más allá de ser un periodo histórico que implicó la ocupación de unos territorios, sino que, como producto de este proceso, se instauró un sistema de pensamiento y unas estructuras políticas, sociales y económicas que siguen vigentes hasta el día de hoy.
La occidentalización y los ejercicios de evangelización que sufrieron las comunidades indígenas fragmentaron su identidad colectiva y cultural, además de relegar sus saberes ancestrales, sus cosmovisiones y sus formas de vida. Esto se suma a la incapacidad por parte del Estado para proteger a las comunidades indígenas y a sus territorios, así como para garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la justicia.
La exclusión sistemática ha orillado a los pueblos a resistir para preservar su herencia cultural y reclamar su derecho a la autodeterminación. Muchas de estas luchas están encabezadas por las mujeres indígenas, ya que son ellas las principales depositarias de los saberes ancestrales y son quienes tienen la labor de transmitirlos a las nuevas generaciones.
La militarización de la vida y el territorio
Un hecho histórico que agudizó la violencia estructural sobre las mujeres indígenas y que dejó una marca en sus cuerpos y territorios fue el conflicto armado interno. Según las cifras de la Unidad para las Víctimas en el 2021, 264.578 mujeres indígenas fueron reconocidas como víctimas en el marco del conflicto armado.
Dentro de los crímenes que se reconocieron se encuentran: desplazamiento forzado (244.595 casos), amenaza (20.173 casos), confinamiento (19.213 casos), homicidio (17.149 casos), acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y/o hostigamientos (5.633 casos), pérdida de bienes muebles e inmuebles (5.143 casos), desaparición forzada(3.418 casos), delitos contra la libertad y la integridad sexual (1.940 casos), entre otros.
En el caso del desplazamiento forzado, este tuvo consecuencias diferenciales para la vida de las mujeres, ya que la mayoría de las veces los hombres son objeto de otro tipo de violencias como el homicidio o el reclutamiento forzado, mientras que son las mujeres quienes deben salir de su territorio, hacerse cargo del hogar y enfrentarse a la violencia institucional.
Violaciones a los derechos sexuales y reproductivos
Los cuerpos de las mujeres indígenas han sido y continúan siendo instrumentalizados por los actores armados como una forma de dominación que trasciende lo físico, ya que afecta su identidad cultural y su relación con el territorio. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH el 92,6 % de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron mujeres, niñas y adolescentes; además el 12,14 % del total de las víctimas pertenecen a una comunidad indígena.
Sin embargo, esta problemática no se limita únicamente a los contextos de guerra, ya que también es una realidad presente en el ámbito doméstico. En las comunidades indígenas las mujeres enfrentan una doble carga: la violencia externa del conflicto armado y la opresión interna derivada de los sistemas patriarcales que rigen en muchas de sus comunidades.
De acuerdo a los datos recolectados por el Observatorio de Violencias basadas en Género del Consejo Regional Indígena del Cauca, durante el año 2022 se registraron 701 casos de desarmonías o violencias contra la mujer de los cuales (310) corresponden a violencias sexuales y (391) a violencias intrafamiliares en los 11 pueblos indígenas adscritos al CRIC.
Asi mismo, se comprobó que el 53% de las mujeres víctimas de violencias son mujeres adultas de 29 a 59 años; el 23% las jóvenes 18 a 28; el 11% las niñas 0 a 11; el 7% las adolescentes 12 a 17 y el 6% mayores de 60 años. En cuanto al tema de acceso a la justicia, se registró 50 casos, de los cuales el 86% no denuncian, el 10% denuncia a la justicia propia y el 4% a la justicia ordinaria.
También se hizo una caracterización de los agresores donde se evidenció que el 44% de los violentadores son las ex parejas sentimentales; el 22% los vecinos; el 19% grupos armados ilegales; el 8% parejas sentimentales actuales y el 6% familiares cercanos.
La semilla de la resistencia sigue viva
A pesar de las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en su cotidianidad, muchas de ellas se han levantado con dignidad y fortaleza para resistir por los derechos de su comunidad, defender su territorio y abogar por la paz. Además de enfrentarse a los actores armados que irrumpen en sus territorios, también se enfrentan a los estereotipos patriarcales que rigen en su comunidad y le apuestan a una transformación social desde dentro.
Sin embargo, persiste un preocupante vacío en la documentación de estas problemáticas, ya que las cifras disponibles son insuficientes para dimensionar la magnitud de la violencia que enfrentan. Es urgente fomentar investigaciones más profundas y rigurosas que permitan visibilizar esta realidad, impulsar políticas efectivas y garantizar que las voces de estas mujeres sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de una sociedad más justa.
Si quieres conocer el ejemplo inspirador de una mujer indígena joven que ha trabajado para mejorar los derechos de las mujeres en su comunidad, te invitamos a escuchar el podcast Fútbol femenino y empoderamiento indígena.
Referencias:
Valero Rey, Ana (2016), “Violencia y resistencia: mujeres indígenas desplazadas en Colombia”,
Lectora, 22: 43-58. ISSN: 1136-5781 D.O.I.: 10.1344/Lectora2016.22.4
